Entre el domingo 25 y el miércoles 28 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, la reunión anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM).
A la cita concurrió la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), representada por su presidenta, Mariela Hernández; el vicepresidente, Javier Mora; la secretaria general, Paulina Rodríguez; y la protesorera, María Soledad Santana.
Uno de los documentos emitidos por FLAM expresó su “profunda preocupación frente al proyecto de reforma constitucional relativo al sistema de nombramiento de juezas y jueces de la República de Chile, actualmente en discusión en el Congreso Nacional”.
La declaración de FLAM señala que, “el proyecto en análisis contempla la participación directa de representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado para proponer candidaturas judiciales, además de mantener la intervención del Presidente de la República y del Senado en distintas etapas del proceso de designación, incluso en el nombramiento de integrantes de la Corte Suprema”.
En ese contexto, el organismo internacional advirtió que “esta participación política en las etapas decisivas del nombramiento judicial incorpora un preocupante grado de injerencia político-partidista, que compromete la independencia externa de los jueces, generando riesgos reales de parcialidad, pérdida de legitimidad institucional y debilitamiento del Estado de Derecho”.
Finalmente, la declaración exhorta al Estado de Chile a reconsiderar los mecanismos propuestos, incorporando garantías efectivas de independencia y profesionalismo en el sistema de nombramientos. Además, agrega que “el diseño de cualquier órgano o proceso de selección judicial debe excluir influencias políticas indebidas y estar regido por criterios objetivos, transparentes y basados en el mérito”.
Al respecto, Mariela Hernández señaló que “como Asociación seguiremos trabajando para construir un Poder Judicial robusto que esté a la altura de nuestro Estado de Derecho”.
FLAM fue fundada en Santiago en 1977 y está compuesta por 18 asociaciones de magistradas y magistrados de América Latina y el Caribe, entre las que se encuentra la ANMM. Su finalidad es contribuir al fortalecimiento del Estado democrático de derecho mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, orientada, entre otros valores, por la justicia, las libertades personales, la igualdad, el pluralismo y la solidaridad.